Pedido para reanudar mesa de diálogo sobre minería en Piura genera escepticismo.
El presidente del Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), Carlos Martínez, tomó con escepticismo el pedido que formulará el consejo regional de Piura a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a fin de reanudar la mesa de diálogo sobre el conflicto originado por las minería en la sierra del departamento.
Martínez Solano señaló que su organización lleva varios meses invocando al Ejecutivo a retomar las conversaciones acerca de las operaciones de la minera Río Blanco Copper (ex Majaz).
Empero, señaló que las negociaciones iniciadas el 2005 se truncaron, luego que premier Javier Velásquez Quesquén decidiera que cada ministerio asumiría la responsabilidad de resolver los conflictos en sus respectivas áreas de competencia.
Agregó que hace tres meses el FDSFN alcanzó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) una propuesta de agenda. Sin embargo, hasta la fecha no han sido convocados a una nueva reunión.
En tal sentido, desestimó la visita a Lima que efectuará una delegación del Gobierno Regional de Piura para solicitar a Velásquez Quesquén retomar el diálogo sobre la minería en la región.
"En realidad, yo le restaría autoridad al presidente regional (César Trelles) ya que él es una persona que siempre ha estado parcializada a favor del proyecto Río Blanco", manifestó.
Agregó que si bien la PCM le ha endosado al MEM la solución de este conflicto no les genera mayor confianza, si desea asumirlo nuevamente "pues bienvenido sea".
De otra parte, precisó que nunca fueron consultados sobre el informe de la comisión que investigó la muerte de dos residentes del caserío de Cajas Canchaque, en diciembre del 2009.
Como se recuerda, Vicente Romero Ramírez y Cástulo Correa Huayama murieron cuando un contingente policial buscaba al comunero Lorenzo Rojas García, presuntamente involucrado en el ataque del 1 de noviembre pasado al campamento minero "Henry´s Hill" de la minera Río Blanco.
Por ello, demandó una profunda e imparcial investigación, donde participen la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, a fin de establecer a los autores de ambos episodios.
"Pedimos que las autoridades del Ministerio Público y de la Policía eleven la información, pero que sea seria y no una persecución contra nuestros hermanos comuneros", puntualizó.