Advierten protestas por proyecto minero La Zanja en Santa Cruz
La población de Santa Cruz (Cajamarca) podría levantarse si es que el Ejecutivo sigue sin atender su pedido sobre la cancelación del proyecto minero La Zanja, a cargo de la minera Buenaventura.
Responsbilizamos al gobierno y a las entidades como el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de lo que pueda suceder después. La población está demandándonos tomar medidas", advirtió Estinaldo Quispe Mego, presidente provincial de rondas campesinas de Santa Cruz.
El dirigente rondero señaló que diversos estudios demuestran que el referido proyecto resultará gravemente lesivo para los colchones acuíferos que abastecen a Cajamarca y Lambayeque.
Refirió que se encuentra en Lima para exigir el envío de una comisión de alto nivel, pedido sobre el cual aún no tienen respuesta. "Hemos enviado memoriales al presidente García, al premier Velásquez Quesquén, al ministro (del Ambiente) Antonio Brack; a la defensora del Pueblo (Beatriz Merino) y a los presidentes regionales de Cajamarca y Lambayeque, para suspender o anular las concesiones mineras en cabecera de cuenca".
Quispe Mego denunció que los responsables del proyecto minero "con abuso y prepotencia, manejando a la Policía Nacional y al Poder Judicial, están reprimiendo a los dirigentes y denunciando a los ronderos".
Aseveró que se pretende "saquear" recursos naturales a tajo abierto y mediante la lixiviación de agua con cianuro, lo cual es totalmente nocivo para todo tipo de vida. Como prueba, indicó que muchas cabezas de ganado han muerto intoxicadas sólo durante la etapa de exploración del proyecto minero.
Agregó que ya algunos ríos de la zona, en particular el San Pedro, presentan en sus aguas una coloración amarillo verdosa, que según un estudio a cargo de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, corroboraría la presencia de tóxicos en el líquido vital.
"No queremos agotar el diálogo (...) en marzo o abril ya comienzan a explotar", remarcó.
Por su parte, Celso Santa Cruz Izquierdo, alcalde del distrito de Pulán, recordó que Buenaventura nunca pidió la licencia social correspondiente. Incluso, en 2008, la minera organizó una reunión para presentar su Estudio de Impacto Ambiental (IEA). Empero, de acuerdo al burgomaestre, al evento sólo acudieron personas de otros lugares, siendo los residentes de Pulán excluidos de la cita.
Agregó que, sólo en su localidad, serían unas 10 mil personas las perjudicadas con la puesta en marcha del proyecto; a éstas habría que sumar las poblaciones de Santa Cruz, Lambayeque y Chiclayo.